NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION JUSTICIA SIN CORRUPCION DEL PERU

INTERPONEN DENUNCIA CIUDADANA ANTE EL CNM CONTRA EL MAGISTRADO ESTREMADAMENTE ABUSIVO CESAR AUGUSTO ORTIZ MOSTACERO

El Q.F. HUMBERO ARMANDO RODIGUEZ CERNA director de la Asociacion justicia sin corrupcion   se ha dirigido  al Sr.  Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura  para interponer DENUNCIA  CIUDADANA

contra el magistrado extremadamente abusivo  Cesar Augusto Ortiz Mostacero por haber incurrido   en los Cargos de Falta Grave,  Flagrante  Inconducta Funcional, Infracción a los Deberes Funcionales, Manifiesta Parcialización con la parte influyente del proceso, Negligencia Inexcusable,  e Inobservancia de la Norma Procesal y por tener muchas quejas y denuncias y para ponerle en conocimiento graves hechos que desmerecen la dignidad del cargo, flagrante inconducta funcional y falta de idoneidad del mencionado   magistradao  del Distrito Judicial de Trujillo  por lo que se ha  solicitado       que tome en cuenta lo que se le ha puesto en conocimiento y que demuestra que sería injusto e ilegal la ratificación del   MAL  magistrado Cesar Augusto Ortiz Mostacero quien tiene la fama de ser uno de las más prepotentes y abusivos  magistrados del Distrito judicial de  Trujillo   de la mafia judicial aprista  y que es muy conocido por cometer graves actos de corrupción para favorecer  a la parte  influyente tanto politica como economica en un proceso penal

A PETICION DE  AGRAVIADOS VICTIMAS DE LA CORRUPCION JUDICIAL PUBLICAMOS NUESTRA DENUNCIA CIUDADANA INTERPUESTA ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CONTRA LA RATIFICACION  DEL EXTREMADAMENTE ABUSIVO  MAGISTRADO CESAR AUGUSTO ORTIZ MOSTACERO  DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

SUMILLA:

INTERPONE DENUNCIA CIUDADANA EN CONVOCATORIA N’ 09 - 2010 CONTRA RATIFICACION DE  CESAR AUGUSTO ORTIZ MOSTACERO POR SER UN MAGISTRADO PREPOTENTE, ABUSIVO Y QUE HA COMETIDO GRAVES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y ADUNTA MEDIOS PROBATORIOS DE MAS ABUSOS COMETIDOS POR EL VOCAL JOSE MARIA GOMEZ TAVARES   

Sr. Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura  

AV. PASEO DE LA REPÚBLICA N° 3285 SAN ISIDRO, LIMA

Mesa de partes del CNM

HUMBERTO ARMANDO RODIGUEZ CERNA, Químico Farmacéutico, identificado con DNI N° 06506619,  con domicilio Procesal en Jr. Grau N° 439 oficina 319   de la ciudad de Trujillo a Ud. muy atentamente digo:

I. PETITORIO.-

 Que, de conformidad con  los  Artículo  2° Inciso 2 y  articulo  154 inciso 2 de la Constitución Política del Estado, con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, tomando en cuenta que el denunciante vive y radica fuera de la ciudad de Lima  y  TOMANDO EN CUENTA LA GRAVEDAD  DE NUESTRAS DENUNCIAS CIUDADANAS  es que recurro a vuestro  Despacho para interponer DENUNCIA  CIUDADANA contra el magistrado extremadamente abusivo  Cesar Augusto Ortiz Mostacero por haber incurrido   en los Cargos de Falta Grave,  Flagrante  Inconducta Funcional, Infracción a los Deberes Funcionales, Manifiesta Parcialización con la parte influyente del proceso, Negligencia Inexcusable,  e Inobservancia de la Norma Procesal y por tener muchas quejas y denuncias y para ponerle en conocimiento graves hechos que desmerecen la dignidad del cargo, flagrante inconducta funcional y falta de idoneidad del mencionado   magistradao  del Distrito Judicial de Trujillo  por lo que solicitamos, Sr. Presidente,  que tome en cuenta lo que se le ha puesto en conocimiento y que demuestra que sería injusto e ilegal la ratificación del   MAL  magistrado Cesar Augusto Ortiz Mostacero quien tiene la fama de ser uno de las más prepotentes y abusivos  magistrados del Distrito judicial de  Trujillo  y que es muy conocido por cometer graves actos de corrupción para favorecer  a la parte  influyente tanto politica como economica en un proceso penal,  Y ADUNTA MEDIOS PROBATORIOS DE MAS ABUSOS COMETIDOS POR EL VOCAL JOSE MARIA GOMEZ TAVARES,    según los fundamentos  que pasamos a exponer:   

 II.- FUNDAMENTOS DE HECHO  DE LA  DENUNCIA  CIUDADANA  

2.1.-   Que con fecha del 31 de Enero de 2003, el  representante legal de la Empresa “HOSTAL DAVID S.R.L.” de la ciudad de Trujillo, interpuso una Denuncia Penal ante la Fiscalía Penal de Turno de la misma ciudad, contra Teófilo Calderón Julca y otros  por Delito de Falsificación de Documentos- Contra la Fe Pública, pues las denunciadas, en su afán de sustraerse al mandato jurisdiccional, por el cual deberían de haber pagado a Hostal David SRL, el monto de S/. 30,000.00 nuevos soles, ordenado en la sentencia del expediente N° 624-98 que se sigue en el Quinto Juzgado Civil de la ciudad de Trujillo, por Daños y Perjuicios; y para evitar dicho pago, las denunciadas simularon la venta de dos inmuebles ubicados en la calle Sinchi Roca N° 1236 y Francisco Xandoval N° 283 de la ciudad de Trujillo, a su co-denunciado Teófilo Calderón Julca, y para eso confeccionaron fraudulentamente dos contratos de compraventas de acciones de propiedad de inmuebles, con la supuesta y falsa fecha del nueve de Septiembre de 1999, certificada notarialmente en la Notaria del abogado Alejandro Ramírez Odiaga de la ciudad de Trujillo.

2-2– Que luego, dicha denuncia penal fue ampliada en contra del mencionado Notario Alejandro Ramírez Odiaga de la ciudad de Trujillo, el día 21 de Febrero del 2003, por el mismo delito en la modalidad de Cómplice, por haberse presentado como “testigo” de la parte denunciada y haber aceptado que las burdas firmas de legalización notarial que aparecían en esos dos cuestionados contratos de compraventas de acciones de propiedad de la supuesta fecha del 09-09-1999, realizadas entre el falso nuevo propietario Teófilo Calderón Julca y las verdaderas propietarias de los inmuebles embargados por mi representada, Hostal David SRL, ERAN LAS AUTENTICAS FIRMAS DEL NOTARIO, CUANDO EN VERDAD ERAN FIRMAS FALSIFICADAS AUNQUE LOS SELLOS DE SU NOTARIA SI ERAN AUTÉNTICOS, con lo que se comprobó que dichos falsos contratos fueron legalizados fraudulentamente en forma notarial, EN LA MISMA NOTARIA RAMÍREZ ODIAGA.

2.3.-  Que después de las investigaciones respectivas, la Fiscalía Provincial de Turno en donde se interpuso la mencionada denuncia penal procedió a formalizar la denuncia penal en contra del falso propietario de los dos inmuebles, Teófilo Calderón Julca, en contra de las verdaderas propietarias de los inmuebles falsamente vendidos,  por Delito de Falsificación de Documentos- Contra la Fe Pública y se formalizó denuncia penal en contra del Notario Alejandro Ramírez Odiaga por el mismo delito, en la modalidad de Cómplice.

2.4.- Que, con fecha 01 de Agosto del 2,003 a los mencionados denunciados se les apertura instrucción Nº 2969-03 (secretario Matienzo) en el Cuarto Juzgado Penal de la ciudad de Trujillo, pero cuyo Juzgador se inhibió de seguir conociendo el proceso, pasando todo lo actuado al Noveno Juzgado Penal de la ciudad de Trujillo en la que despachaba el denunciado Juez Cesar Ortiz Mostacero, y la Secretaria Judicial Katia Agreda Gaytan, y ampliándose dicha instrucción al delito de FRAUDE PROCESAL en agravio de mi representada y del Estado, con fecha de 21 de octubre del 2003 y ordenándose en la mencionada instrucción, que mi representada, Hostal David SRL pase de testigo a parte agraviada.

2.5.- Que cuando el notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga, nombra como su abogado defensor al Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Santos Urtecho Benites, es que se comienza a cometer en la instrucción N° 2969-03, una serie de ilícitos penales para favorecer al Notario ! inculpado Alejandro Ramírez Odiaga, como es: después de haber conversado el referido Vocal Suplente , Santos Urtecho Benites con el denunciado  y ahora ex – Juez del Noveno Juzgado Penal de esta ciudad, Cesar Ortiz Mostacero, para que no se  dara tramite y se haga  caso omiso a mis recursos como el haber solicitado en mi manifestación preventiva y en otros escritos, la tacha y subrogación de los peritos grafo técnicos Carlos Herrera Sánchez y Dina Esparta Cárdenas, por estar quejados y denunciados ante la Inspectoría de la PNP, por haber fabricado un dictamen pericial grafo técnico totalmente parcializado a favor del Notario Procesado Alejandro Ramírez Odiaga, y mas bien el Sr. Juez, C! ESAR ORTIZ MOSTACERO, los había increíblemente RATIFICADO, para que sean los mismos peritos grafo técnicos cuestionados que agraviaron a mi representada en la etapa prejudicial, los que continuaran conociendo el proceso en la referida instrucción a pesar de que corrían en autos, sendas quejas en contra de ellos.

2.6.- Que el Sr. Juez CESAR ORTIZ MOSTACERO, con su conducta dolosamente parcializada a favor del notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga, obligó a que el suscrito lo recusara con fecha 31 de Diciembre del 2003, por su falta de independencia y su total falta de imparcialidad, condiciones que eran necesarias para garantizar transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y SE ! LE RECUSÓ CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UNA MAYOR OBJETIVIDAD EN LA BÚSQUEDA DE UNA VERDADERA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. Pero la referida recusación fue declarada infundada por el mismo Sr. Juez, por no haberse el suscrito, constituido en parte civil.

2.7.- Que al no ser aceptada la Recusación por el denuncado  Juez CESAR ORTIZ MOSTACERO, se dio campo abierto para que éste realice las mas graves violaciones al debido proceso y se desenmascarara totalmente su manifiesta parcializacion con el notario procesado, con los siguientes ilícitos, :Que después de que el mismo Juez se le requeriera para que nombre nuevos peritos grafotecnicos judiciales,  los nuevos peritos grafo técnicos judiciales presentaron su dictamen pericial grafo técnicos, ordenado por el mismo Sr. Juez del Noveno Juzgado Penal de Trujillo para verificar la falsificación de las firmas del Sr. Notario Procesado y al acercarme con mi asesor legal al Noveno Juzgado Penal para presentar una queja contra la secretaria judicial Katia Agreda Gaytan que se negaba a cumplir con sus obligaciones legales de enviar el oficio de embargo preventivo a los R.R.P.P. de Trujillo, pudimos ver saliendo al Vocal Suplente de la Corte de Justicia de la Libertad, abogado Santos Urtecho Benitez del despacho del señor juez CESAR ORTIZ MOSTACERO, y al entrar a su oficina para hacer la queja en contra de su Secretaria Judicial y preguntar además sobre la fecha para la Ratificación Pericial de los peritos grafo técnicos, éste después de leer las conclusiones del dictamen pericial  grafotécnico, eran contrarias a los intereses del  Notario Procesado Ramirez Odiaga, nos informó que ya había estudiado bien el expediente y que no se iba a realizar la DILIGENCIA DE ratificación pericial y si queríamos dicha diligencia había que esperar que lo ordene la Sala Penal respectiva porque los plazos procesales para él, estaban precluidos.

2.8.- Que a pesar de que se le explicó que los plazos aun no habían precluido, pues al mostrarle, la notificación de la resolución de plazo complementario que contenía el sello de la oficina de notificaciones, en donde se indicaba la fecha del 29 de Enero del 2004, por lo que recién habíamos sido notificados el día 30 de enero del 2004 y por lo que aun faltaba una semana para que precluyan los referidos plazos pero el denunciado  Juez Cesar Ortiz Mostacero, quien ya había “conversado” con el Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Santos Urtecho Benitez, SE NEGÓ TAJANTE Y TERMINANTEMENTE a realizar la ratificación pericial y el examen de los peritos grafo técnicos que era obligatorio por ley a pesar que días antes de que se conociera las conclusiones del dictamen pericial judicial, al mismo asesor legal le había informado que de todas maneras se tenia que realizarse la ratificación pericial y examen a los peritos grafo técnicos por ser obligatoria para el Juez.

2.9.- Es decir, solo porque las conclusiones de dicho dictamen pericial grafo técnicos indicaban fehacientemente de que las firmas del Sr. notario procesado ALEJANDRO RAMÍREZ ODIAGA que aparecían legalizando los contratos cuestionados de fecha 09-09-1999 ERAN FALSIFICADAS, contrario a lo que aducían los inculpados; el denunciado  Juez después de conversar con el Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Santos Urtecho Benites, al darse cuenta que su “patrocinado” el notario procesado estaba totalmente vencido con ese dictamen pericial judicial, se negó categóricamente a que se realizara la ratificación pericial y el examen a los peritos grafotecnicos judiciales que habian realizado dicho dictamen pericial, que el mismo juez habia solicitado y QUE ERA OBLIGATORIO QUE SE REALIZARA LA RATIFICACION PERICIAL Y    QUE DENBIA SER ORDENADA REALIZAR POR  EL SR. JUEZ, SEGÚN LOS ARTICULOS N° 167 Y N° 168 DE CPP, pero aduciendo falsamente que ya se habían precluidos los plazos de la instrucción y abusando de su autoridad fabricó rápidamente en forma por lo demás injusta, una prevaricante resolución contraria al texto expreso y claro de la ley penal que lo obligaba a realizar la ratificación pericial y el examen de los peritos grafo técnicos, citando un hecho falso y en la que indicaba que se habian vencido el tiempo del plazo complementario, cuando en razon de la verdad, AUN NO SE HABÍAN VENCIDO DICHO PLAZO PUES EL TEXTO CLARO Y EXPRESO DEL ARTICULO N° 147 DEL CPC TOMADO SUPLETORIAMENTE INDICA QUE “EL PLAZO SE CUENTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN QUE LO FIJA…” Y LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE DICHO CÓDIGO INDICA EXPRESA Y CLARAMENTE QUE “LAS DISPOSICIONES DE ESE CÓDIGO SE APLICAN SUPLETORIAMENTE A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS PROCESALES, SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON SU NATURALEZA”

2.10.- Por lo que al haber sido notificado el día 30 de enero del 2004, tanto a la representada del suscrito como a los encargados de la defensa judicial del estado, la resolución de plazo complementario de fecha 21 de enero de 2004, ésta aun no había precluido en sus plazos y a pesar que se le explicó al Sr. Juez que su Secretaria Judicial había retenido indebidamente ocho días, dicha resolución de plazo complementario antes de entregarla al notificador el día 29 de enero del presente, por lo que recién fuimos notificados el día 30 de enero del 2004, habiendo perdido 10 días del plazo en donde bien podían haberse realizado las diligencias que faltaban.

2.11.- Por lo que para el día 26 de febrero del 2004 en que aduce el  Juez denunciado que ya había vencido dicho plazo, se demuestra al computar los 30 días otorgados en dicha resolución de plazo complementario a partir de la fecha que fuimos notificados, esto es el día 30 de enero del 2004, es que es totalmente falso que ya se hubiese precluido dicho plazo.

2.12.- QUE EL DENUNCIADO  JUEZ, CESAR ORTIZ MOSTACERO REALIZÓ DICHO ILÍCITO PENAL DE IMPEDIR QUE LOS PERITOS GRAFOTECNICOS SE RATIFICARAN EN SU DICTAMEN PERICIAL GRAFOTECNICO Y SE LES TOMARA UN EXAMEN PERICIAL QUE ERA OBLIGATORIO REALIZAR PARA EL SR. JUEZ; PARA DE ESA MANERA, PUEDA AUXILIAR AL NOTARIO PROCESADO, PARA QUE TRATARA DE ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.

2.13.- Que existen otros expedientes en que ya se ha vencido largamente los plazos legales pero aun no han sido enviados a la fiscalía para su dictamen fiscal pero en la presente instrucción a pesar de que el señor juez fue informado de que su Secretaria Judicial Katia Agreda, había retenido indebidamente varios dias en su poder la resolución de complemento, antes de notificarnos legalmente, recortándonos de esa manera 10 días del plazo en donde bien se podrían haber realizado dichas diligencias pero aun&nbs! p; así el Sr. Juez denunciado dio por precluido los plazos de la instrucción agraviando nuevamente a mi representada y al Estado, conociendo perfectamente que este acto jurídico procesal integra el medio probatorio de peritación judicial es decir es un elemento probatorio importante en la búsqueda de la verdad real procesal pero negándose de todos modos a realizarlo y ordenando enviar rápidamente el expediente de la instrucción a la fiscalía para su dictamen respectivo.

2.14.-  Que el recururente denunciante, interpuso el día 27 de febrero del 2004, ante la Oficina Distrital del Control de la Magistratura de La Libertad (Odicma) de la ciudad de Trujillo que despacha el Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Eduardo Pacheco Yépez, una queja por inconducta funcional por la manifiesta parcializacion de los operad! ores jurisdiccionales del Noveno Juzgado Penal a favor del Notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga, al haberse ambos operadores, negado a realizar la ratificación pericial y el respectivo examen de los peritos grafo técnicos que es obligatoria por Ley para los jueces, habiéndose cometido dicho ilícito, cuando aun no había precluido los plazos procesales de la instrucción N° 2969-03 y que fue hecho de esa manera, verdaderamente para tratar de auxiliar al Notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga para que pueda evadir nuevamente la acción de la Justicia pues todo ese acto doloso ocasiono que prescriba la accion penal que se seguia contra el notario procesado Alejandroi Ramirez Odiaga según las copias que se adjuntan a pesar que despues del cambio del denunciado juez se habia logrado acusar al mencioando notario procesado quendando este notario delincuente que ha estado multiple de veces procesado sin la sancion penal correspondiente     

2.15.- Que los operadores jurisdiccionales quejados pretendieron hacer creer que había precluido dicho plazo, para auxiliar al notario procesado y a pesar que el día 23 de febrero del presente, el Juez Cesar Ortiz Mostacero le había indicado al asesor legal del suscrito, (cuando aun no se conocía los resultados del dictamen pericial grafo técnicos), que de todas maneras tenia que realizarse la ratificación pericial, cambiando radicalmente su opinión el denunciado  Juez Cesar Ortiz Mostacero, después de conversar con el Vocal Suplente de la Corte Superior de la Libertad; Santos Urtecho Benites y ver que las conclusiones de dicho dictamen habían salido contrario a los intereses del notario procesado.

2.16.- : No contento con eso, y a pesar que según el art. N° 94 del CPP vigente, el embargo preventivo de los bienes de los procesados, es de oficio, el denunciado Sr. Juez Cesar Ortiz Mostacero, desde la apertura de instrucción el 01 de Agosto del 2003 hasta el día primero de Abril del 2004 NO SE HABÍA EMBARGADO NINGÚN INMUEBLE A LOS INCULPADOS A PESAR DE QUE HABÍAN TRANSCURRIDO OCHO MESES DEL PROCESO.

2.17.- El denunciado magistrado se había negado, por medio de varios ARTILUGIOS, a trabar embargo preventivo en los bienes de los procesados que tenia conocimiento les pertenecía, a pesar del texto claro y expreso del articulo N° 95 del CPP que indica “No señalando bienes el inculpado, se procederá a trabar embargo en los que se sepa de su propiedad”, (Se habían adjuntado las copias certificadas de las fichas regístrales y los certificados de gravamen positivos de las propiedades de los procesados al cuaderno cautelar, pues se había ordenado formar el cuaderno cautelar desde el día primero de agosto del 2003 en el auto apertorio de instrucción), negándose a embargarlos y aduciendo el Sr. Juez Cesar Ortiz Mostacero, al final del mes de Febrero del presente, que ya se iba de vacaciones judiciales y no-tenia tiempo de andar embargando inmuebles de los procesados, pues supuestamente aun no se había comprobado el delito al no haber habido ratificación pericial que el mismo había impedido realizar.

2.18.- Por lo que se tuvo que acudir a la Odicma para quejarlo nuevamente y para solicitar se le obligara a realizar el oficio respectivo del embargo preventivo por lo que tuvo que hacerlo con fecha 01 de marzo del 2004 pero el denunciado  Juez para evitar el embargo del inmueble de su “patrocinado”, el notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga pues el Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia, abogado “arreglista” Santos Urtecho Benites (a quien nuevamente el suscrito alcanzó a verlo nuevamente, entrando en el despacho del Sr. Juez) con toda seguridad le había impartido la orden de no embargar ninguno de los inmuebles del notario procesado, principalmente el ubicado en la calle Gamarra n° 432 de esta ciudad, y a pesar de que la Ficha Registral N° 00068483 corría en el cuaderno cautelar por partida doble y dicho Inmueble no era sociedad de gananciales pues el notario procesado aparecía como soltero en dicha Ficha Registral, pudiéndose haberse embargado preventivamente en el 100% de sus acciones.

2.19.- El Juez denunciado Cesar Ortiz Mostacero para desquitarse de las quejas que el suscrito le había interpuesto ante la Odicma, solicitó abusivamente el embargo preventivo de la totalidad de acciones de otro inmueble ubicado en la calle Sinchi Roca N° 1236 con Ficha Registral n° 00061526 como si la inculpada  fuera única y exclusiva propietaria de dicho inmueble, con el perfecto conocimiento del Sr. Juez denunciado de la referida Ficha Registral que también corre por partida doble en el cuaderno cautelar y en la que se indica claramente que el referido inmueble no es propiedad exclusiva de la inculpada  sino que es propiedad de la una Sucesión de  y de que ya estaba embargado por mi representada, HOSTAL DAVID SRL, en la vía civil, tal como se indica en la Copia de Ficha Registral que acompaño, ordenando de todas maneras el embargo preventivo en la totalidad de sus acciones del referido inmueble.

2.20 .- Que la instrucción N° 2969-03, materia del presente proceso, gira precisamente en ese dolo, en que las co-procesadas  falsamente han transferido sus 74.99% y sus 8.33% de acciones de propiedad respectivas de dicho inmueble al falso propietario Teófilo Calderón Julca por lo que el Sr. Juez NO podía haber solicitado NUNCA el embargo preventivo del todo el inmueble porque conocía perfectamente que el referido inmueble no es propiedad única y exclusiva de la principal denunciada , por lo que el Sr. Juez denunciado no puede alegar IGNORANCIA NI DESCONOCIMIENTO, pues el mismo Juez denunciado es el director encargado de dicha instrucción, con lo que se demuestra que el Sr. Juez denunciado Cesar Ortiz Mostacero hizo el embargo de esa manera maliciosa para que de todas maneras dicha medida sea observado por los Registros Públicos de la ciudad de Trujillo.

2.21.-  Que el denunciado  Juez CESAR ORTIZ MOSTACERO conocía perfectamente que dicha medida preventiva iba a ser observado ineludiblemente por los Registros Públicos de la ciudad de Trujillo, por no ser propiedad exclusiva de la procesada  como así sucedió, por lo que se colige que solicitó dicho embargo de ese modo para que sea observada a propósito es decir lo realizó de esa manera para que dicha observación sea levantada después que regrese de sus vacaciones judiciales atentando contra la administración de justicia en la modalidad de retardo y evitando de esa manera el embargo de los inmuebles de los procesados es decir desde el primero de Agosto del 2003 fecha en que el auto apertorio de instrucción se ordena que se forme el cuaderno cautelar para embargar preventivamente los inmuebles de los co- procesados hasta el día primero de abril del 2004 HABÍAN TRANSCURRIDO OCHO MESES Y NO SE HABÍA EMBARGADO NINGÚN INMUEBLE a pesar de que corren en autos las fichas de 13 inmuebles que entre locales comerciales, departamentos y edificios se ha demostrado que son de propiedad de los co-procesados, por lo que el suscrito procedió ampliar su queja ante la Odicma de la ciudad de Trujillo, los días 01 de marzo, 02 de marzo, 08 de marzo y 31 de Marzo en curso contra los mismos operadores jurisdiccionales, logrando solamente que los magistrados del Odicma encargados en ese momento verificaran el abuso cometido por los quejados en agravio de mi representada por medios de actas.

2.22.- : Que no contento con los terribles ilícitos penales del denunciado  Juez del Noveno Juzgado Penal a quien se tuvo que denunciar penalmente; el recurrente denunciante  se pudo enterar por uno de sus asesores legales que fue a estudiar el expediente, que el Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y abogado del notario denuncoado  Santos Urtecho Benites en un acto de total de desprecio y burla a las leyes vigentes de nuestro país coordinó con  el notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga para presentar en el mes de Febrero del presente, un escrito en la instrucción n° 2969-03 adjuntando un dictamen pericial grafo técnico de parte con conclusiones totalmente falsas por lo que al enterarse el suscrito, denunció a ambos, tanto al notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga como a su abogado defensor, el Vocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y abogado  Santos Urtecho Benites quienes fueron denunciados el día 08 de Marzo del 2004 por el suscrito, por el delito de Falsedad en Juicio.

2.23.- : Que cuando el suscrito se acercó a la Inspectoría Regional de la PNP de la Libertad para interponer una queja contra el perito grafo técnico de la PNP, Coronel Carlos Eduardo Gómez Figueroa por haber fabricado un dictamen pericial con conclusiones totalmente falsas para presentarlo en el proceso penal N° 2969-03 habiendo incurrido en el delito de Falsedad en Juicio, fue grande la sorpresa del suscrito al indicársele en dicha entidad policial que dicha persona NO ES PERITO GRAFO TÉCNICO Y que verdaderamente ostenta el grado de coronel RETIRADO, y no en ACTIVIDAD y que se había hecho pasar como perito grafo técnico para fabricar un dictamen pericial grafo técnico de parte con conclusiones totalmente falsas para que sea presentado por medio de un escrito en la referida instrucción, por el abogado “arreglista” defensor del notario procesado, para inducir en error al Juzgador y obtener una resolución judicial contraria a la Ley, por lo que el suscrito amplió su denuncia penal, el día 11 de marzo del presente, en contra del referido falso perito grafo técnico al delito de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD GENÉRICA, URSUPACION DE TITULO PROFESIONAL Y EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN, HABIENDO INCLUIDO EN DICHA DENUNCIA PENAL al notario procesado Alejandro Ramírez Odiaga y a su  abogado  Santos Urtecho Benitez en la modalidad de cómplices, por haber presentado con un escrito, dicho falso dictamen pericial en la instrucción N° 2969-03.

2.24.- Que si bien la Ley es clara y no está legalmente impedido un Vocal Suplente de la Corte de Justicia, de ejercer su profesión como abogado defensor, ésta debe ser hecha dentro de los cauces legales y no cometiendo torpemente ilícitos tras ilícitos que lo pintan de cuerpo entero al referido Vocal Suplente, quien tiene la triste fama en la ciudad de Trujillo de ser conocido entre sus colegas, como abogado que arregla proceso judiciales  y peor aun cuando con su indebido comportamiento el referido abogado  esta ocasionando que el suscrito denuncie a más y más autoridades judiciales que llegaron a conocer el presente proceso y que se deciden presionadas por el trafico de influencias que existe, en favorecer al notario procesado.

2.25.- Que el recurrente denunciante  amplió su Queja a Denuncia en contra del denunciado  Juez del Noveno Juzgado Penal, Cesar Ortiz Mostacero, ante la Odicma de la ciudad de Trujillo, el día 05 de abril del 2004 por el delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de Retardo al haber ordenado el Sr. Juez embargar maliciosamente la totalidad del inmueble ubicado en la calle Sinchi Roca N° 1236 en vez de sus acciones respectivas de la co-procesada  para que sea observada ineludiblemente por los Registros Públicos dicha medida y se retarde aun más dicho embargo, por lo que el suscrito procedió a acercarse a los Registros Públicos de Trujillo, en donde el Registrador Público abogado Salirrosa le hizo el favor de entregarle al suscrito una copia de la esquela de observación y del oficio dirigida al Sr. Juez Cesar Ortiz Mostacero informando que su solicitud había sido observada pero negándose a levantar dicha observación el Sr. Juez y su Secretaria Judicial aduciendo ahora que no había plazo perentorio ni tenia vencimiento dicha observación pero al verificar con mi asesor legal el cuaderno cautelar de la instrucción, nos dimos cuenta que NO estaba anexada, la Esquela de Observación original de los Registro Públicos, en la que se indicaba que dicha Observación SI tenia un plazo perentorio para ser levantada, por lo que el suscrito procedió ampliar su denuncia ante la Odicma por el delito de Supresión, Destrucción u Ocultamiento de documento publico en proceso judicial en contra de los mismos operadores jurisdiccionales pues habían suprimido, destruido, u ocultado dicha esquela de Observación para dar la apariencia en el cuaderno cautelar que la Observación de los Registros Publico NO tenia un plazo perentorio que SI se indicaba en la Esquela de Observación dirigida al Sr. Juez del Noveno Juzgado Penal de Trujillo por lo que se procedió a presentar una denuncia ante la Odicma, habiendo logrado que se verifique tal dolo por medio de un acta.

2.26.- Que al verse, los operadores jurisdiccionales descubiertos en el dolo cometido y al no poder continuar dilatando más el embargo preventivo de los inmuebles de los procesados pues habían transcurrido ocho meses desde que se había aperturado la instrucción y no se había embargado preventivamente nada, y a pesar que los embargos preventivos son de oficio; es que en forma desesperada al haberse descubierto que se había destruido la esquela de Observación Original de los Registros Públicos de fecha 03 de Marzo del 2004 dirigido al denunciado Juez, en la que se indicaba el plazo perentorio para levantar la Observación, es que el Sr. Juez levanta dicha observación en forma precipitada con otras partes y lo hace ingresar apresuradamente con otro titulo, el N° 2004-00011065 pero sin levantar la observación del titulo N° 2004-00006721 que indica que aun se encuentra observado hasta el presente día, es decir en los Registros Públicos aparece con un titulo, el N° 2004-00006721 que indica que dicha medida aun no se ha levantado la observación ni se ha embargado el inmueble ubicado en la calle Sinchi Roca N° 1236 de la ciudad de Trujillo pero con otro titulo diferente, el N° 2004-00011065 se informa que ya está embargado dicho inmueble, lo que ha ocasionado una total confusión en la oficina de los Registros Publico por la total responsabilidad de lo operadores jurisdiccionales denunciados.

2.27.- Que cuando el suscrito acudió a entrevistarse con el Presidente de la Odicma para solicitarle la respectiva resolución de apertura de investigación de la Queja N° 076-04 pues ésta ya estaba demorando mucho, le dijo al suscrito que no tenia tiempo de hacerlo, porque era una persona muy ocupada. Y cuando el suscrito lo encontró saliendo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad nuevamente le solicitó que actuara como Jefe de la Odicma pero me indicó nuevamente que no tenia tiempo, pretextando que se iba a una misa y eso era más importante que la queja interpuesta contra los operadores jurisdiccionales del Noveno Juzgado Penal y que luego no iba poder atenderme porque iba a estar muy ocupado organizando la escenificación de la Pasión de Cristo en el anfiteatro del Colegio ! de Abogados. Por lo que el suscrito quedó asombrado hasta donde llegaba su parcializacion con magistrados corruptos y el encubrimiento y ocultamiento de la corrupción del Poder Judicial en la ciudad de Trujillo por parte del Jefe de la Odicma, no haciendo absolutamente nada la ODICMA para combatirla.

2.28.- Que cuando el denunciante  se acercó nuevamente en otro día, al Jefe de la Odicma para solicitarle nuevamente la resolución de apertura de investigación, se le informó que estaba muy ocupado organizando la celebración del Aniversario de la fundación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y cuando el suscrito le indicó que era muy importante la Resolución de apertura de investigación de la referida queja para presentarlo como prueba ante la fiscalía, enojándose me dijo que el referido expediente de la queja no lo tenia, por lo que le había engañado el auxiliar del Odicma quien le había informado al suscrito que estaba para su firma y muy enojado ya no quiso escuchar al suscrito. Es el caso que el denunciante recurrente , solo después de interponer una Queja en contra del mencionado Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Eduardo Pacheco Yépez, ante el Jefe de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) en Lima por inconducta funcional, infracción a los deberes, negligencia inexcusable, manifiesta parcializacion con magistrados corruptos, encubrimiento de la corrupción del Poder Judicial y Retardo en la Administración de Justicia según las ocpias de denuciads y quejas que se adjutan, Pacheco Yepez recién firmó la resolución de apertura de investigación contra los denunciados pero con fecha atrasada.

2.29.- Pero desde el día 27 de febrero del 2004  que el suscrito interpuso la queja primigenia,  TRANSCURRIERON MAS DE SEIS MESES  y  no se habia  realizado, la resolución de sanción de la Queja N° 076-04 y en el colmo del abuso de autoridad,  rotaron al Juez quejado y denunciado Cesar Ortiz Mostacero sacándolo momentáneamente del Noveno Juzgado Penal de la ciudad de Trujillo y colocándolo en la Oficina Distrital Descentralizada del Control de la Magistratura (Odicma) para que investigue a los jueces quejados y denunciados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, siendo esto una burla a la Justicia, pues es un hecho irregular y muy parcializado con la corrupción judicial que un magistrado quejado y denunciado por prevaricato investigue a otros que cometen los mismos Delitos, lo que confirma que existe una mafia de malos magistrados que encubren  graves faltas y graves  delitos que cometen los jueces mientras son investigados penalmente y  en la Odicmas, encubriéndose en el colmo entre los mismos magistrados denunciados al ser nombrados esos mismos magistrados jueces denunciados investigadores en la Odicma.

2.30.-  Que el Juez quejado y denunciado Cesar Ortiz Mostacero logrò que la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, lo designe como Juez titular del Jurado Electoral Especial para las elecciones de revocatoria de alcaldes del próximo 17 de octubre del 2004 en las Regiones de Ancash y La Libertad, a pesar de que es uno de los jueces mas corruptos de la corte superior de justicia de la libertad, el mencionado magistrado Cesar Ortiz Mostacero. ¿qué garantía tienen los ciudadanos de aquellas Regiones, que tales elecciones sean  realizadas verdaderamente en un proceso limpio y sin objeciones si el referido abogado Cesar Ortiz Mostacero es un magistrado parcializado con la corrupción judicial que nunca se ha caracterizado por su imparcialidad y honestidad cuando fue magistrado en el Noveno Juzgado penal de la ciudad de Trujillo?, Pues vemos que los procesos electoralres politicos se encuentran amarrados con esta clase de malos  jueces

2.31.- Que al ser nombrado, el denunciado Cesar Ortiz Mostacero magistrado del Jurado Electoral Especial para ver las revocatorias de malos alcaldes de las Regiones de La libertad y Ancash, por la Sala Plena de La Corte Superior de Justicia de La Libertad nos demuestra el grado de descomposición moral que ha llegado la Corte Superior de Justicia de la Libertad, prácticamente al indicarnos con ese nombramientos que no hay magistrados probos y honrados para ocupar ese cargo en donde  existe algo tan delicado como es la revocatorias de Alcaldes por actos de corrupción municipal.

2.32.-  Que debido a la excesiva corrupción que existe en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el suscrito se vio obligado a formar una asociación de agraviados del Poder Judicial para hacer respetar nuestros derechos constitucionales en el Poder judicial que son conculcados por malos magistrados que desprestigian dicho poder del Estado, Asociación denominada “Justicia sin Corrupción y Educación con Alimentación” PARA PODER DENUNCIARLOS PENALMENTE pues LA OFICINA DEL ! CONTROL DE LA MAGISTRATURA, no solo, no controla a los malos magistrados que incurren en delito como el denunciado juez cesar ortiz mostacero sino que se le encubre para que continúen en la senda del delito.

2.33.- Por eso es muy importante para el mejoramiento del sistema de justicvia del pais que nose ratigicque al magistrado denunciado Cesar Ortiz Mostacero, uno de los magistrados más corruptos del sistema judicial, para evitar que la mafia judicial siga haciendo daño a la parte no influyejte del proceso

2.34.- MEDIOS PROBATORIOS: Que como medio probatorio ofrezco, copias de proceso penal del  expediente N° 2969-03 del Noveno Juzgado penal de la ciudad de Trujillo que se le siguio  al notario Alejandro Ramírez Odiaga y otros por delito contra la fe publica en donde el denunciado magistrado Cesar Ortiz Mostacero lo auxilio dolosamente para que pueda evador la accion de la justicia a pesar de las pruebas irrefutables que existen contra dicho notario pocesado, la queja N° 076-04 ODICMA LA LIBERTAD Y EL EXPEDIENTE N° 038-04 C.I. DE LA FISCALIA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA LIBERTAD, que se siguio  en contra del Sr. Juez del Noveno Juzgado, abogado Cesar Ortiz Mostacero por los delito! s de Prevaricato, Abuso de autoridad y denegatoria de Justicia, y copias de recortes periodísticos en donde aparece acusado el noatrio procesado Alejandro Ramirez odiaga. Acompaño también copia del cargo de la denuncia interpuesta  contra el referido magistrado Cesar Ortiz Mostacero interpuesta ante el Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien furiosamente había ordenado a su secretaria que se negara a recibir la denuncia CONTRA SU PROTEGIDO, Ortiz Mostacero

2.42.- El viernes 11 -04 – 2008  el Juez Rosendo Villas Castillo, magistrado de la Provincia de Ascope- Región la Libertad, ordenó la prisión preventiva contra tres efectivos de la Policía Nacional, siendo la primera vez en el Perú se ordena el arresto de efectivos policiales por un acto de crímenes de odio por orientación sexual.

2.43.- Pese a esta medida tomada por el Juez, la Policía Nacional no ha expulsado a estos efectivos que cuentan con la asesoría legal de la Defensoría Policial, incluso el jefe de la III Dirección Territorial Policial, general Raúl Becerra no ha asumido ninguna responsabilidad pese a que el hecho se produjo al interior de un establecimiento policial. Asimismo, familiares y allegados a los policías intentaban presionar al Poder Judicial por intermedio del trafico de influenciasd  a tal efecto el 12 de abril del 2008 , organizaron una marcha en la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad. En la concentración participaron unos cincuenta simpatizantes de los policías, los cuales lanzaron una serie de acusaciones contra Luís Alberto Rojas, víctima de la violación, al cual se le intenta desprestigiar por su orientación abiertamente homosexual.

2.44.- Posteriormente un tribunal judicial de la región La Libertad dejó increiblemente libres a los tres policías acusados. Los magistrados  Cesar Ortiz Mostacero y otro  dejaron sin efecto la orden de detención que pesaba contra los tres oficiales de la Policía Nacional Peruana incurriendo en raves falta y delitos y demsotrando que no existe jusiticia en el Pais con esta clase de abusivos Jueces como el denunciado Cesar Augusto Ortiz Moztacero

2.45.- Todo esto muestra que la mala magistrada Cesar Augusto Ortiz Mostacero ha infringido abiertamente  la ley en los procesos que interviene favoreciendo siempre a la parte influyente e infligiendo   las normas procesales vigentes afectándose  el debido proceso que  es la Institución del Derecho Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado,

2.46.-  En tal sentido ante el abusivo recorte evidente de los  derechos constitucionales de muchos agraviados  victimas de los graves actos de  abusos cometidos por este mal magistrado Cesar Augusto Ortiz Mostacero es que solicitamos que no se le ratifique como magistrada  POR SER UNA PERSONA NO IDONEA PARA ESE CARGO Y MAS BIEN EL RECURRENTE LO ESTA DENUNCIANDO    POR SER UN INMORAL Y CORRUPTO Y POR SER PARTE DE LA MAFIA JUDICIAL QUE TIENE ESCLAVIZADO A MILES DE  TRUJILLANOS  EN LA MAS ESPANTOSA CORRUPCION

2.47.- Del mismo modo se adjunta copia de la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 02065 -2009 en donde se verifica graves faltas y graves delitos cometidos por el vocal denunciado Jose Maria  Gomez Tavares en donde se indica que el referido  mal malgistrado suscribe una sentencia donde nunca habia estado presente otro vocal Luis Alberto Cevallos Vega y se adjunta copia de publicacion periodistica de fecha 8 de sepotiembre del 2003 en donde se denuncia y queja al denunciado vocal Jose Maria  Gomez Tavares solicitando que copia de dichos medios probatrios se adjunte en la carpeta de la Convocatoria respectiva para que haga sus descargos el referido mal magistrado y para que sea tomado en cuenta al momento de no ratificarlo 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL ESCRITO

1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: Inciso 20:  A formular  peticiones ante la autoridad competente; la  que está obligada a  pronunciarse  dentro del plazo de Ley.

Artículo 154°. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: Inciso 2.            Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias.

2.- LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

-

 3.- Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial

Por lo expuesto

Sr. Presidente, solicitamos tener por interpuesta esta denuncia ciudadana  y actuar de acuerdo a ley

                                                                                          Trujillo  , Octubre  del 2011

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Q.F. HUMBERTO ARMANDO RODRIGUEZ CERNA

DIERCTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION CIVIL JUSTICIA SIN CORRUPCION Y EDUACION CON ALIMENTACION Y DEL FRENTE ANTICORRUPCION DE AGRAVIADOS POR EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO DE LA REPUBLICA DEL PERU

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DR. JAVIER FRANCISCO PALACIOS YAMUNAQUE

ABOGADO

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION JUSTICIA SIN CORRUPCION DEL PERU

CNM NO RATIFICA AL  ABUSIVO, PREVARICADOR  Y EXTREMADAMENTE CORRUPTO FISCAL ELMER SANTIAGO BECERRA PEREZ DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 　 

El Consejo Nacional de la Magistratura NO HA RATIFICADO AL  ABUSIVO, PREVARICADOR  Y EXTREMADAMENTE CORRUPTO FISCAL  DE LA CIUDAD DE TRUJILLO  – PERU, ELMER SANTIAGO BECERRA PEREZ

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION JUSTICIA SIN CORRUPCION DEL PERU

INTERPONEN DENUNCIAS CIUDADANAS ANTE EL CNM CONTRA MAGISTRADOS ESTREMADAMENTE CORRUPTOS ELMER SANTIAGO BECERRA PEREZ Y BENJAMIN CARLOS ENRIQUEZ COLFER Y SOLICITAN NO RATIFICARLOS

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN JUSTICIA SIN CORRUPCIÓN Y EDUCACIÓN CON ALIMENTACIÓN DEL PERU

INTERPONEN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA CORRUPTOS CONSEJEROS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA POR HABER RATIFICADO A MAGISTRADO EXTREMADAMENTE CORRUPTO

Ya ha sido publicada en la web del CNM la resolución que ratifica al extremadamente corrupto magistrado Andres Caroajulca Bustamante y uno queda asombrado que lo han ratificado a pesar de tener 8 graves denuncias ciudadanas:

http://www.cnm.gob.pe/cnm/archivos/pdf/2011/er/RER6582011PCNM.pdf


Parte de la cuestionada resolución de Ratificación indica:  ”b) Participación Ciudadana; se recibieron ocho cuestionamientos a su conducta y labor realizada, los que fueron debidamente absueltos por el evaluado” pero no indica nada más, no encontrándose bien motivada la referida resolución

Uno queda completamente asombrado del TERRIBLE abuso que están cometiendo los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al estar ratificando a magistrados extremadamente corruptos del mas alto nivel político de la mafia aprista y fujimontesinistas:

INTERPONEN  DENUNCIAS CIUDADANAS CONTRA EL CORRUPTO, ABUSIVO Y  MILLONARIO JUEZ   CESAR AUGUSTO ALBUJAR CHUNGA ANTE EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA – PERU PARA EVITAR SU RATIFICACION

El director de la  asociación justicia sin corrupción y educación con alimentación ha interpuesto ante el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, VARIAS DENUNCIAS CIUDADANAS contra la ratificación del CORRUPTO, ABUSIVO Y  MILLONARIO JUEZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA – PERU, CESAR AUGUSTO ALBUJAR CHUNGA por haber incurrido   en los Cargos de Falta Grave,  Flagrante  Inconducta Funcional, Infracción a los Deberes Funcionales, Manifiesta Parcialización, Negligencia Inexcusable,  e Inobservancia de la Norma Procesal y por tener muchas quejas y sobre todo una  denuncia por los delitos de Prevaricato, Abuso de Autoridad y contra los deberes funcionales  declarada fundada en Primera Instancia y que se encuentra en el despacho del Sr. Fiscal de la Nación para que se pronuncie y ha puesto en conocimiento en conocimiento graves hechos que desmerecen la dignidad del cargo, flagrante inconducta funcional y falta de idoneidad del mencionado vengativo  magistrado  de la ciudad de Sullana  de Piura por lo que se ha solicitado al Sr. Presidente  del CNM   que tome en cuenta lo que se le ha puesto en conocimiento y que demuestra que sería injusto e ilegal la ratificación del MAL magistrado  CESAR AUGUSTO ALBUJAR CHUNGA quien es parte de la terrible corrupción que existe en el Distrito Judicial de Piura.

 Que, el Juez Cesar Augusto Albujar Chunga es otro  de los más cuestionados magistrados más quejados y denunciados por los agraviados judiciales del Distrito Judicial de Piura que son víctimas de sus graves actos de corrupción

 Estos graves   actos de corrupción cometidos por el millonario,  abusivo y prevaricador Juez Cesar Augusto Albujar Chunga  ha hecho que  el Jefe Desconcentrada de la Oficina de Control Interno del Ministerio Publico de Piura con Informe Nº 09 -2010 – ODCI – Piura – Tumbes dirigida a la Sra. Fiscal de la Nación, declare FUNDADA la   Denuncia Penal Nº 101 -09 seguida  por Prevaricato, Abuso de Autoridad y  Omisión de Actos  Funcionales por haber desviado ilegalmente de su Juzgado Penal de Turno hacia al  Juzgado Penal que no estafa ce Turno del abusivo y prevaricador juez Cesar Augusta Albujar Chunga y por haber  proseguido la Querella Nº 038 -08 por Difamación seguida por el malicioso procesado por la Contaminación del Rio Chira y ex – director del Hospital de Sullana – Perú,  Sergio Olguín Plascencia contra el director de la asociación justicia sin corrupción, habiéndose  desviado ilegalmente el expediente de la querella  de su Juzgado de turno de origen hacia un Juzgado que no se  encontraba de turno para tratar de condenarlo dolosamente  a como dé lugar al querellado  a pesar de no existir ninguna difamación para poder acallar nuestras  denuncias por corrupción  contravenido  la Norma Constitucional  de la Observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional Efectiva proclamada en el artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución en donde se establece: “que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos…..,” y en represalia por haber desenmascarado a su pareja sentimental con quien “arreglaba los juicios” hasta habiendo logrado el Juez denunciado que se RETENGA ILEGALMENTE  la investigación de la denuncia penal Nº 058-09 seguida contra el referido mal magistrado en donde se le ha denunciado por haber sentenciado prevaricadora y abusivamente en la Querellas Nº 01- 2007- Q  seguida contra el regidor Hebert Muñoz Cornejo por la querellante Janet Yeri Angulo Fuentes y en donde se ha denunciado además que se encuentra injustamente   encarcelado el joven abogado  Segundo Federico Zapata Arias   en el Penal de Río Seco de Piura – Perú, acusado de un delito que no ha cometido y a quien  se le acusa falsamente de  encubrimiento personal por  la supuesta fuga del reo  Hernandio Domínguez Córdova, quien estaba sentenciado a 12 años de prisión y que fugó con un habeas corpus supuestamente falso en donde verdaderamente los involucrados son el Juez denunciado Cesar Albujar Chunga y su secretario judicial y en donde  hasta el presente dia no se le ha tomado su declaración al encarcelado para el mejor esclarecimiento  de la denuncia y mas bien en un grave acto de corrupcion

el corrupto Fiscal Superior de Control Interno  de Piura,  Cesar Aguilar Rodolfo Cosme  ha encubierto estos graves delitos tratandolo de absolver al denunciado JUEZ  para tratar de  que sea ratificado en su cargo

  
  Con copia del Informe Nº 09 -2010 – ODCI – Piura – Tumbes dirigida a la Sra. Fiscal de la Nación donde se declara FUNDADA la  Denuncia Penal Nº 101 -09 seguida  por Prevaricato, Abuso de Autoridad y  Omisión de Actos  Funcionales por haber desviado ilegalmente de su Juzgado Penal de Turno hacia al  Juzgado Penal que no estafa ce Turno y por haber  proseguido la Querella Nº 038 -08 por Difamación seguida por el malicioso procesado por la Contaminación del Rio Chira y ex – director del Hospital de Sullana – Perú,  Sergio Olguín Plascencia contra el director de la asociación justicia sin corrupción,  es que se ha  solicitando la no ratificación de este corrupto magistrado pues el poder judicial no debe de ser usado como instrumento de represalias y venganzas contra personas que están luchando valientemente contra la corrupción sin un solo dólar de la ayuda económica internacional.

 Por otro lado varios CD  ya han sido colocados en varios canales videos de  intenet como youtube y en otras paginas de videos de internet:

http://lj-toys.com/?auth_token=sessionless%3A1309420800%3Aembedcontent%3A17011596%2622%26%3A9c55714a86766b3b304f47acc2dc0622f6ad8639&moduleid=22&preview=&journalid=17011596

http://www.youtube.com/watch?v=VwLWNXIllaw&feature=related

 http://www.dailymotion.com/video/xftr1u_panorama-3-3-liberacion-de-traficantes-de-armas-y-de-opio_tv

http://www.tu.tv/videos/panorama-3-3-casos-de-acoso-sexual-de

http://espanol.video.yahoo.com/watch/8610735/23233133

http://www.myspace.com/557076936

 que son  medios probatorios de las denuncias ciudadanas contra el prevaricador Juez  Cesar Albujar Chunga en su actuación de Juez Penal de Sullana por haber liberado indebidamente en forma prevaricadora a toda una banda internacional de traficantes de armas de guerra  en la instrucción Nº  508-2004 a pesar de que varios de los denunciados mostraban hasta  antecedentes por tráfico ilícito de droga y a pesar que tenían orden de libertad restringida

  Del mismo modo se ha interpuesto denuncia ciudadana  contra el abusivo y prevaricador Juez Cesar Augusto Albujar Chunga  por OTRA  NUEVA DENUNCIA PENAL en donde se ha  procedido  aperturar OTRA INVESTIGACION PRELIMINAR ahora con el expediente Nº 245 -2009  por   haber incurrido en los delitos de  Abuso de Autoridad y Prevaricato en agravio de Humberto Armando Rodríguez Cerna, Andrés Vera Córdova, Elsa Yolanda Vera Moreno y del Estado,  Delitos incurridos  durante la tramitación del  expediente penal de la maliciosa Querella número 6878-2009 (secretario Morocho Merino) aperturada por el delito de Difamación en el Primer Juzgado Unipersonal  de Sullana en contra de Humberto Armando Rodríguez Cerna, Andrés Vera Córdova y Elsa Yolanda Vera Moreno.

 Que   la denuncia trata sobre que

la  maliciosa querellante Clara Margarita Cerna Pérez, interpone querella por el delito de Difamación contra el denunciante Humberto Armando Rodríguez Cerna, además contra Andrés Vera Córdova, Elsa Yolanda Vegas Moreno, sustentando maliciosamente que el 02 de septiembre del 2009 en la página Web (www.elregionalpiura.com.pe) perteneciente al querellado Andrés Vera Córdova, apareció una publicación titulada “Pidió garantías para su vida- Director de la justicia anticorrupción, teme ser víctima de asesinato”  y continuaba en detalle lo siguiente: “Sullana 02 de septiembre del 2009, ante la Oficina de la Gobernación se ha presentado el Director de la Asociación de Justicia Anticorrupción, Químico Farmacéutico, Humberto Rodríguez Cerna para solicitar garantías porque su vida está en peligro de muerte, al haber escuchado una conversación sospechosa, un presunto diálogo entre Ricardo Yohomy Salazar Cerna y Clara Cerna Pérez, quienes contratarían un sicario para matarlo por ser un estorbo para sus planes y ha solicitado que se notifique a los responsables de dicha conversación para que rindan su manifestación ante la Policía. El solicitante de las garantías es una persona pública muy conocida por haber fundado la Asociación Justicia sin Corrupción para ayudar a los ciudadanos cuyos derechos han sido conculcados por cuestionados magistrados habiendo labrado un importante prestigio con la destitución de varios magistrados, cosa que ha ocasionado que el director de la asociación reciba muchas amenazas de muertes, coyuntura que aprovecharían los denunciados para lograr que no se investigue ni se de con el paradero del presunto sicario si es que el hecho de sangre ocurriera. . Las amenazas serian netamente económicas, pues el solicitante de las garantías indica poseer un seguro de vida de $ 160,000 dólares cuyo principal beneficiado es uno de sus tíos de avanzada edad, y que su asesinato sería fácil despojarlo de su dinero, desamparando a su familia siendo además Gerente y socio con su tío de varias Empresas. Que el solicitante (querellado) de Garantías ha referido; que al acercarse al tragaluz de la habitación N° 203 del Hostal David S.R.L de la ciudad de Trujillo, logró escuchar, una  conversación en la habitación N° 204,  contigua

 entre la Señora Clara Cerna Pérez y Ricardo Yohony Salazar Cerna; en la que decían que Rodríguez era un estorbo para sus planes, para apropiarse de las propiedades del Químico Farmacéutico Abelardo Pérez Cerna; pues, no son socios en las empresas mas antiguas, y que la única solución era viajar a Sullana, para contratar a un sicario para que lo mate, y que uno de los  cuarteleros del Hostal Señor Felipe Cabanillas Carrera también escuchó la conversación, por lo que se encuentra sumamente preocupado y espera que la Gobernación de Sullana prevea el acto de sangre innecesario cuyo trasfondo seria económico”; asimismo,  aparece en la publicación una fotografía con el rostro de 4 personas, entre las cuales se encontraba la fotografía de la querellante del Registro de Reniec;

Agregaba la maliciosa querellante, que el 3 septiembre del 2009 apareció además en la carátula del diario local “El Norte al Día”, cuyo Director es la querellada Elsa Yolanda Vegas Moreno, una publicación titulada: “Director de la Asociación Justicia sin Corrupción, teme ser víctima de asesinato” y a continuación, detalla básicamente los mismos hechos ya descritos.

 La maliciosa querellante argüía  que el querellado Humberto Armando Rodríguez Cerna  había  facilitado el escrito de garantías personales presentadas a la Gobernación a los querellados Andrés Vera Córdova y a Elsa Yolanda Vegas Moreno, a fin que publiquen el texto de la solicitud de garantías en sus respectivos diarios  y según la maliciosa querelladla, los periodistas al publicarlo sin su consentimiento se habría  configurado el delito de Difamación en su agravio.

 .El denunciado Juez Albujar Chunga, al tomar conocimiento de la querella en vez de archivarla por no configurarse el delito denunciado como lo archivo un juez imparcial otra querella idéntica entablada por el Sobrino de la querellada Johny Salazar Cerna según la copia que se adjunta,  en forma por lo demás abusiva y Prevaricadora admitió   la referida maliciosa querella. .

 Que a pesar que el querellado Humberto Armando Rodríguez Cerna presento en audiencia de fecha 24 de mayo del 2010 la copia de la resolución Nº 06 de fecha 08 de marzo del 2010 que se adjunta a la presente denuncia  y que justificaba la ausencia momentánea del abogado Jimmy Pulache Adrianzen por tener una audiencia anteriormente programada a las 10 y 30 de la mañana para ese mismo día en otro juzgado,  por lo que el querellado le expresó al mal juez que su abogado  iba a demorar en llegar a la audiencia y que de todas maneras  iba a esperar su llegada pero el juez incurriendo en Delito de Abuso de Autoridad, contra los deberes funcionales  y Prevaricato  con resolución Nº  24 de fecha  24 de Mayo del 2010, ordenó en forma prepotente y prevaricadora subrogar inmediatamente al mencionado  abogado defensor para ponerle un abogado de oficio contraviniendo dolosamente el inciso 2 del Articulo  85° del Código Procesal Penal  que prescribe: “Si el Defensor no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. De no hacerlo se nombrará uno de oficio”. Es decir  a pesar de que el querellado  había justificado la inasistencia de su  abogado defensor con la copia de la resolución respectiva, en forma por lo demás abusiva, prevaricadora  y prepotente  el Juez no le dio el término de tiempo indicado en la ley  para que designe al reemplazante y más bien inmediatamente se le nombro a un abogado de oficio a quien no se le dio el tiempo necesario para la preparación de la defensa por lo que no pudo defender al querellado en forma idónea atentándose  contra el derecho de defensa del querellado

Así mismo en la resolución Nº 24 de la supuesta fecha 27 de mayo del 2010 en donde se declara IDNAMISIBLE el recurso de apelación contra la resolución Nº 23 que rechaza de plano la recusación,  el mal juez volvió en forma cobarde a incurrir  en Delito de Abuso de Autoridad, contra los deberes funcionales  y Prevaricato al atentar nuevamente contra el  derecho de defensa del  denunciante  al prohibir en forma Prepotente, prevaricadora  y abusiva el denunciado Juez que los escritos del denunciante  sean firmados o autorizados  por el abogado Francisco Javier Palacios Yamunaque por supuestamente haber sido excluido de la  presente querella cuando  en ningún momento se le ha excluido del presente proceso, pues a quien se le había  excluido era  al abogado Jimmy Pulache Adrianzen y no al Abogado Francisco Javier Palacios Yamunaque,  tal como se puede verificar a  los 10 minutos 40 segundos de la grabación de la audiencia de fecha 24 de mayo del 2010 cuyo CD se ha acompañado a las denuncias ciudadanas  volviéndose  atentarse   contra el derecho de defensa del querellado..

 El Debido Proceso, previsto en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución del Estado constituye una garantía de  ineludible cumplimiento, y que se expresa a través de garantías, como es el Juez Natural, Publicidad, Libre Acceso a la Jurisdicción, Derecho de Defensa, Derecho a la Prueba, a la Motivación de Resoluciones Judiciales, a la Obtención de una Resolución Fundada en Derecho, a la Pluralidad de Instancias, al Plazo Razonable del Proceso, Juez Competente independiente e imparcial, entre otros derechos fundamentales; desde luego, en consonancia con  el Principio de Legalidad pilar del Sistema Penal Peruano; que según Tribunal Constitucional lo entendemos como: “ La dimensión subjetiva del derecho a la Legalidad Penal no puede estar al margen del  ámbito de los derechos protegidos por la justicia constitucional frente  a supuestos como la creación judicial de delitos y faltas y sus correspondientes supuestos  no contemplados en ellos. El derecho a la Legalidad Penal vincula también a los Jueces Penales y su eventual violación posibilita obviamente  su reparación mediante este tipo de procesos. Entre otras expresiones “El Principio de determinación   del supuesto hecho previsto en la ley es una prescripción dirigida al legislador para que este  dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de subsunción en la  norma sea verificable con relativa certidumbre”^([1]). En ese sentido, el juzgador debió  adecuar la conducta imputada al tipo penal donde deben de confluir todos los presupuestos de la conducta incriminada, caso contrario, en salvaguarda del debido proceso y del Principio de Legalidad debió desamparar la pretensión penal del accionante.

 Que lo que único que el querellado había  hechom,  solamente fue presentar una solicitud de garantías ante la Gobernación de Sullana  para su protección ante el temor de que se atente contra su vida; y el Diario Regional de Piura  y el otro Diario lo único que hicieron fue  publicar dicha solicitud de garantías sin emitir ningún juicio de valor. La solicitud de garantías presentados ante la Gobernación de Sullana, es un derecho que le asiste a todo ciudadano cuando ve amenazado alguno de sus derechos fundamentales, constituyendo un acto del derecho de Petición consagrado en la Constitución Política del Estado y es más, el mal Juez no ha tenido en cuenta al condenar en forma abusiva y prevaricadora al Querellado que la autoridad Política le había otorgado  las garantías al querellado, previo descargo de los maliciosos querellantes, por lo que existieron elementos razonables para  que  se le otorgara  las garantías solicitadas  y por eso en  la publicación de dicha solicitud de garantías ante la Gobernación no  existió ningún “animus difamandi” pues es inexplicable quien pretenda difamar, haya primero solicitado garantías contra su vida y luego publicar dicha solicitud  por lo que nunca  existió ningún  “animus difamandi” toda vez que el querellado temía por su vida; más, si en el supuesto de haber efectuado las publicaciones no existiría el referido delito de difamación, por la existencia de las amenazas contra su vida no solo por ser el querellado el director de una prestigiosa asociación anticorrupción quien tiene muchas amenazas por haber destituido muchos magistrados corruptos sino además  por ser gerente y co propietario con su Sr. Tío  de varias empresas valorizadas en cientos de miles dólares y  máxime si en la actualidad existen sicarios y  extorsionadores que por un fajo de dinero son capaces de hacer cualquier cosa y expresar ese temor por la prensa  es el medio idóneo para salvaguardar la vida de uno, dado que de acuerdo al artículo 8 del Código Penal se ha actuado en ejercicio legítimo de un derecho que se ejerce aun cuándo se pueda poner en peligro otros derechos.

 En otra  maliciosa e idéntica querella Nº 6881-09 (secretario Gabriela Quelopana Vilela),  seguida por

el malicioso sobrino de la maliciosa querellante, Ricardo Jhony Salazar Cerna  contra los mismos querellados y por el mismo delito y bajo los mismos hechos,  un juez verdaderamente imparcial determinó  fácilmente que  en la conducta imputada no concurrían  los presupuestos que requiere el tipo penal previsto en el artículo 132 del Código Penal; como es el bien jurídico protegido que es el honor de la persona, el sujeto activo que puede ser cualquier persona al que se le atribuye un hecho, suceso o acontecimiento, cualidad-calidad o manera  de ser  y la  conducta-modo de proceder de una persona-que pueda perjudicar su honor o reputación realizándolo ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia^([2])y rechazó de Plano una idéntica  querella pues en  cuanto a la tipicidad subjetiva debe ser a título de dolo; pero se exige, el elemento subjetivo del tipo concretado en el animus difamandi ^([3]), el cual consiste en la conciencia de propalar un hecho que pueda perjudicar el honor o la reputación de la víctima; entendemos, que el elemento subjetivo es la intención malsana, no sólo de difundir el hecho sino que va sobrecargado de querer causar daño al bien jurídico del honor o reputación de quien  se refiere el comportamiento; sólo en éste caso, estaremos cumpliendo con el Principio de Legalidad en su real magnitud.

 De la evaluación de los medios probatorios presentados en la querella  se  logró  acreditar que el querellado Humberto Armando Rodríguez Cerna solamente solicitó garantías personales en resguardo de su vida, acto realizado ante la autoridad política en la que refiere la conversación efectuada por la querellante con su sobrino Yohony Salazar Cerna, la cual trataba de  que el querellado era un estorbo y que habría que eliminarlo contratando un sicario, y cuya solicitud la entregó al Director del Diario Virtual el Regional, quien lo había  propalado, de cuyo medio fue tomado por Elsa Yolanda Vegas Moreno del Diario El Norte, reproduciendo ambos personajes el contenido de la solicitud de garantías; de lo que se infiere, que si bien el querellado ha entregado copia de la solicitud de las garantías solicitadas ante la autoridad competente, éste no ha difundido  la noticia, es el Órgano difusor quien ha difundido el contenido de la solicitud inclusive consignó el titular a su real gusto como sucedió en el Diario Virtual Regional “Pidió garantías para su vida Director de Justicia Anticorrupción teme ser Víctima de Asesinato”, lo cual, no estuvo en la solicitud;  aunado a ello, el querellado ha recurrido a la autoridad pertinente como es la Gobernación, solicitando lo que consideró un riesgo para su vida, por lo que no le alcanzaba  el comportamientos de terceros como lo son los periodistas que difundieron la noticia por sus propias decisiones, lo cual, no era de la responsabilidad del querellado. Más, si el Órgano difusor, es el Director quien debió realizar los actos pertinentes para la  verificación de la noticia. Consecuentemente, el solo hecho de solicitar garantías y entregar copia de la misma al Director del Diario Virtual no constituye delito de Difamación, careciendo completamente  el acto imputado del elemento subjetivo de animus difamandi, del tipo penal previsto en el artículo  132 del Código Penal, por lo que los Jueces superiores absolvieron al querellado conforme lo dispone el artículo 419, 425 y 426 párrafo “b” inciso 3 del Código Procesal Penal y con lo que se demuestra que el denunciado juez volvió a  incurrir en Delito de Abuso de Autoridad, contra los deberes funcionales  y Prevaricato al emitir su agraviante sentencia..

 De todo esto se concluye que la referida  Querella aperturada en forma de represalia por el denunciado Juez Albujar Chunga contra el querellado nunca tuvo fundamento alguno valido como  para indicar que los querellados hayan  agraviado a la querellante  En ese sentido podemos concluir que las  publicaciones antes anotadas del Querellado Segundo Andrés vera Córdova.nunca  tuvieron  un contenido y una voluntad  difamatoria,  ofensiva, insultante y vejatoria en contra de la Querellante por lo que la conducta desarrollada por los  querellados en la referida  querella siempre se ha ajustado al imperio de  la ley. Por tales consideraciones LOS JUECES SUPERIORES DE LAS SALA PENAL DE APELACIONES DE PIURA

  REVOCARON la prevaricadora y abusiva sentencia condenatoria del mal magistrado Albujar Chunga que condenaba al querellado  a 3 años de Pena Privativa de la Libertad Suspendida y por el periodo de prueba de 2 años con las reglas de conducta que se fijaban y que le Imponia  la multa de 100 días y el  pago de S/20,000 nuevos soles  por concepto de reparación civil y  REFORMANDOLA lo Absolvieron anulándose los antecedentes judiciales producidos por la referida  causa según la copia de la sentencia en segunda instancia que también se adjunta

con estos nuevos  medios probatorios fehacientes e incontrovertibles se  demuestra sin duda alguna los  NUEVOS DELITOS de  abuso de autoridad, Prevaricato  y el delito contra los deberes funcionales con que ha actuado  el denunciado y vengativo magistrado Cesar Augusto Albujar Chunga en agravio de los querellados por lo que se ha  solicitado  QUE ESTE MAL MAGISTRADO NO SEA RATIFICADO

Este abusivo y vengativo magistrado Albujar Chunga es uno de los mas corrupto jueces que ha hecho mucho daño a la sociedad de Sullana y Piura

pertenece al grupo de corrupcion del temible ex presidente de la Corte Superior de Justicia sde Piura , Jorge Diaz Campos quien fue destituido por graves actos de corrupcion

Del mismo modo , gracias a la  dolosa absolucion del delito de peligro comun que otorgo este mal juez  

al vocal borracho Linares Vera Portocarrero quien completamente borracho estrello su auto y que cuando fue detenido por la policia, golpeo salvajemente a varios policias y amenazo con destituirlos y luego fugo pero fue recapturado por la misma policia que habia golpeado y a pesar del escandalo que se formo por conducir borracho,  ha podido regresar al poder judicial hace poco por una accion de amparo por orden del Consejo Nacional de la Magistratura a seguir haciendo daño a la sociedad

El juez Cesar Augusto Albujar Chunga  es la clase de jueces Hipocritas y corruptos que tienen  esclavizado a nuestro pais en la mas espantosa corrupcion judiciall y por lo cual hemos solcitado que no sea ratificado

Sullana, 29  de Junio  del 2011

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Q.F. HUMBERTO A. RODRÍGUEZ CERNA

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “JUSTICIA SIN CORRUPCIÓN Y EDUCACIÓN CON ALIMENTACIÓN” y DEL FRENTE ANTICORRUPCION DE AGRAVIADOS POR EL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO

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NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACION JUSTICIA SIN CORRUPCION Y EDUCACION CON ALINMETNACION

INTERPONEN  NUEVA DENUNCIA POR ESTAFA CONTRA NOTARIO PUBLICO DE SULLANA  JUAN MANUEL QUIROGA LEON Y OTROS

El director de la Asociación “Justicia sin corrupción; Q.F. Humberto  Rodríguez Cerna  ha interpuesto una nueva Denuncia Penal contra

SANTOS GARCIA CASTRO por Estafa y Falsedad Ideológica y contra JUAN  MANUEL QUIROGA LEÓN, Notario Público de Sullana y  contra su empleada del mencionado notario ELIZABETH GOYES ÁLAMO Y CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES  por los delitos de  Falsedad Ideológica y  de  Estafa en la modalidad de cómplices primarios; Delitos cometidos en  agravio de Vicenta Saavedra Palacios de Palacios y del Estado Peruano  y así mismo ha  interpuesto  Denuncia Penal  contra JUAN  MANUEL QUIROGA LEÓN, Notario Público  de Sullana y contra su empleada ELIZABETH GOYES ÁLAMO  por delito  de Defraudación Tributaria  en agravio del Estado Peruano.

El  día 01 de julio del 2010 Vicenta Saavedra Palacios de Palacios y su Hijo Alejandro Palacios Saavedra acudieron a la notaria publica Quiroga León ubicada en la calle Bolívar N° 248 de Sullana  para firmar la escritura pública N° 732 con Registro N° 32 con folio 1,589 vuelta del Tomo IV  de compra venta de predio agrícola que otorgaba el denunciado Santos García Castro a la mencionada Sra. Vicenta Saavedra Palacios de Palacios en donde la agraviada compraba 3 hectáreas de la Parcela signada con código de predio N° 7_5359455_07287 ubicado en el Sector de Cieneguillo – Sullana que tiene un área 6.8259 Hectáreas, habiéndose realizado dicha escritura publica  sin los linderos y medidas perimétricas con coordenadas UTM de acuerdo a ley de la parte de la parcela que se vendía siendo realizado todo esto  por la empleada de la Notaria Publica Quiroga León identificada como ELIZABETH GOYES ÁLAMO

Según la mencionada escritura pública,  el precio de compra venta  pactado por las partes fue de S/. 7,000.00 nuevos soles, suma que fue cancelada por la  Sra. Vicenta Saavedra Palacios de Palacios, DENTRO DE  LA MENCIONADA  NOTARIA PUBLICA al  denunciado vendedor Santos García Castro en el momento de la suscripción del mencionado instrumento público.

Según la copia de la escritura pública se indica que otorgaba un sospechoso “poder especial” a favor de Doña Vicenta Saavedra Palacios de Palacios para que en nombre del denunciado Santos García Castro realizara la inscripción de la independizacion CUANDO EN RAZON DE LA VERDAD ERA EL VENDEDOR Y NO LA COMPRADORA QUIEN TENIA QUE SUSCRIBIR TODA ESA DOCUMENTACION por lo que al tratar de inscribir la compra venta del predio rural en los Registros públicos fue observada

Y SIENDO LO GRAVE QUE TODO ESTE ACTO JURIDICO QUE NO HA PODIDO INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS PUBLOS HA COSTADO A LAS PARTES LA SUMA DE S/. 350.00  SOLES, LOS CUALES SE LE PAGARON A LA DENUNCIADA ELIZABETH GOYES ÁLAMO  PERO  NO ENTREGO ABSOLUTAMENTE NINGUNA BOLETA DE PAGO NI A LA PARTE AGRAVIADA NI AL SUPUESTO VENDEDOR INCURRIENDO LA NOTARIA EN DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL,

Y logrando acreditarse  IRREFUTABLEMENTE   que la incriminada escritura pública de la agraviada Vicenta Saavedra Palacios de Palacios fue fabricada a  propósito para estafar a la mencionada agraviada con la copia de  la escritura pública N° 817 del mismo notario publico  denunciado Juan Manuel Quiroga León  con Registro N° 35 con folio 1,735 vuelta del Tomo IV del Bienio 2002 -2003  de compra venta de predio agrícola que otorgara correctamente el denunciado Santos García Castro a su sobrina  Sra. Magaly  Vitalina Gutiérrez Vivanco en donde el  estafador  Santos García Castro y el notario público denunciado si hicieron en forma correcta la escritura pública de compra venta  con los linderos y medidas perimétricas con coordenadas  UTM de acuerdo a ley de la parte que se vendía Y CON LO CUAL SE DEMUESTRA EN FORMA INCONTROVERTIBLE LOS DELITOS IMPUTADOS A LOS DENUNCIADOS

Sullana – Perú, 4 de Abril del 2011

…………………………………………………
Q.F. HUMBERTO A. RODRÍGUEZ CERNA

Director Ejecutivo de la Asociación “Justicia sin corrupción y Educación con Alimentación” y del Frente Anticorrupción de Agraviados por el Poder Judicial y el Ministerio Publico.

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